Según la investigación de la Fiscalía Federal, la organización utilizaba personas y empresas para generar y comercializar facturas apócrifas, que luego eran utilizadas por otros contribuyentes para reducir de manera fraudulenta el pago de IVA y Ganancias.
La causa detectó que algunas facturas eran emitidas incluso utilizando claves fiscales de personas que desconocían las operaciones. En uno de los casos investigados en Río Gallegos, se habrían generado comprobantes por aproximadamente $17 millones, mientras que otros $4 millones quedaban pendientes de anulación.
La estructura funcionaba mediante las denominadas “usinas” de facturación: sociedades o contribuyentes utilizados para generar comprobantes que no correspondían a operaciones comerciales reales. El objetivo, según los investigadores, era crear crédito fiscal ficticio y permitir la evasión de impuestos.
La investigación también determinó que el dinero obtenido mediante estas maniobras habría sido reintroducido al circuito económico mediante cheques y operaciones en efectivo. Incluso se detectó el uso de una empresa vinculada a juegos de azar para simular la entrega de premios a personas que actuarían como presuntos testaferros.
En los allanamientos realizados en 2019 se secuestraron casi $80 millones entre moneda nacional y extranjera, además de documentación considerada de interés para la investigación. La AFIP había estimado posteriormente un perjuicio fiscal de alrededor de $150 millones, aunque cerca de $100 millones habían sido recuperados mediante planes de pago y cancelaciones.
La causa alcanzó a 23 personas, además de representantes legales de una cooperativa y cinco empresas. La Fiscalía pidió indagatorias por presunta asociación ilícita fiscal, evasión tributaria y lavado de activos.
Dato clave: este expediente corresponde a una investigación iniciada en Río Gallegos y no debe confundirse con otras causas recientes de “usinas” de facturas apócrifas investigadas en otras provincias.